CLAMOR POPULAR EN DESAHUCIOS

El Gobierno ha ordenado paralizar los desahucios. 

Existe la particularidad de que el pacto no será retroactivo. Y nos preguntamos ¿que va a suceder con esas 350.000 familias que han sido condenadas a la indigencia y la exclusión social?. A ellos se vienen a unir las más de 300.000 personas que viven en situación de exclusión residencial en España (infraviviendas, chabolas, pensiones baratas, albergues) y las cerca de 50.000 personas sin techo en las calles del pais. A expensas de los comedores sociales, ha sido la presión social, los dramáticos desenlaces de algunos desahucios, o el informe de la Justicia Europeo, los que han venido a inclinar la balanza sobre dicho pacto. Por ello debemos preguntarnos si las leyes que se están aplicando son las justas. O si por contra habría que modificarlas. En la creencia de que debe abordarse una solución integral del problema, que lo sería en sintonía con el Objetivo 2.015 en la UE (vivienda digna), señalamos: 

 1. La creación de comisiones mixtas, con presencia municipal, de los partidos y los usuarios, favorecería una aproximación a la banca que posibiliten una salida negociada a la masiva situación de desahucios. Algunos ayuntamientos pretenden evitar el desahucio de miles de familias a base a negociar con los bancos una moratoria de cinco años y que pongan en alquiler dichas casas a precios asequibles. Ello permitiría a dichas familias permanecer en la vivienda embargada abonando una renta no superior el 30% de sus ingresos. 

La moratoria debería ser "sobre todos los desahucios de vivienda habitual y deudores de buena fe"

 2. En una segunda etapa este proceso se completaría con un realojo digno de todos los afectados mediante la oferta de viviendas de protección oficial (VPO) como alquiler social. Una medida que habría de hacerse extensiva a todos aquellos, familias y personas, que viven en infraviviendas, en albergues, en pensiones baratas e incluso en instituciones penales, de menores, o médicas, con riesgo o en situación de calle (sin techo). Y con ello, la vinculación entre las obligaciones del Estado al derecho a reclamar una vivienda digna precisando sus obligaciones a la hora de a definir a los afectados como sujetos de derecho y no como objeto de aplicación de un programa asistencial. En el último informe a las Cortes de la Defensoría del Pueblo se resalta que hay en España cerca de 50.000 personas sin techo, mientras que cientos de miles de viviendas de las administraciones, están vacías o infrautilizadas. Ante esta situación la institución señala que la vivienda 'no es sólo un bien mercantil, sino un bien de uso y disfrute básicos y un objeto de derecho constitucional'. Este mismo argumento esgrime a la hora de defender la dación en pago como modo de cancelar los créditos. Y propone aplicar la dación en pago en forma limitada y con carácter retroactivo a esas 'adquisiciones de carácter necesario', dejando un sistema que implique más responsabilidades para otro tipo de viviendas en propiedad. 

 3. Finalmente, analizar con las asociaciones de promotores de viviendas, la aprobación de convenios de colaboración que fomenten el alquiler del stock de viviendas VPO, no vendibles a corto y medio plazo. Es nuestra creencia de que hay que promover leyes más justa que permitan garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna pero con una garantía real de ese derecho.
Luis Enrique Veiga Rodriguez (La Coruña)
Ahora somos la COORDINADORA CIUDADANA INDEPENDIENTE (CCI), antes eramos la COMISIÓN SIN TECHO DE LA CORUÑA. 
(Visto en ATLÁNTICO)